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Al menos 18 personas fueron detenidas ayer por orden de la Audiencia Nacional acusadas de los delitos de extorsión, asociación ilícita y coacciones y amenazas, por fijar de forma irregular el reparto de las cargas y los precios del transporte de mercancías por carretera en el Puerto de Bilbao.

Las investigaciones son una ampliación de las iniciadas el pasado año por la Ertzaintza, después de que el Gobierno vasco presentara una denuncia por lo que denominó "prácticas ilegales" en el Puerto de Bilbao.

La denuncia se refería funcionamiento del transporte de mercancías en su recinto, especialmente contenedores: un sistema cerrado controlado por Sintrabi (sindicato al que están afiliados 800 de los 1.200 camioneros que trabajan en exclusiva en el Puerto de Bilbao) y unas pocas empresas que obliga a las consignatarias a trabajar con los transportistas que se les asigna. A su vez, el transporte de cargas se restringe a los camioneros que están dentro del sistema. La compra de licencias para acceder a las cargas llega a alcanzar ahora los 84.000 euros por camión, 24.000 más que hace tres años. 

Entre los detenidos figuran Miguel Aguirre, presidente de la patronal de empresas estibadoras y consignatarias y consejero delegado de la firma Marítima Candina; el vicepresidente José María Egurrola, que es además director de TMB, una de las dos terminales de contenedores que operan el recinto portuario bilbaíno, y Juan Antonio Mendizabal, máximo responsable de la compañía de transporte de contenedores CB Bilbao. Otros dos arrestados son Felipe Ampudia y Juan Carlos Fullana, presidente y secretario general, respectivamente, de Sintrabi.

Vía El País.es y Fairplay.co.uk.

Un polémico sistema que cumple 12 años

El cuestionado sistema de funcionamiento del transporte de mercancías en el Puerto de Bilbao se remonta a 1994. La crisis del sector llevó a cerrar a varias grandes empresas y forzó a los conductores a convertirse en empresarios, en muchos casos con un solo camión. Se firmó entonces un convenio entre el sindicato de camioneros autónomos Sintrabi, la Asociación de Consignatarios y Estibadores y 40 empresas de transporte, que definía un sistema de reparto del trabajo cerrado. Su primer cuestionamiento oficial llegó en 2002 con un fallo del Tribunal de Defensa de la Competencia que señalaba que Sintrabi imponía ilegalmente tarifas y ejercía una función de "policía" en el Puerto de Bilbao para controlar quiénes eran los camioneros que trabajaban.

Defensa de la Competencia impuso a Sintrabi el pago de un multa de 1,2 millones de euros, que está pendiente de los recursos presentados. En esos años hubo varios conflictos en el Puerto, como en 2004 cuando la entrada y salida de contenedores estuvo parada dos semanas cuando una consignataria quiso prescindir de la empresa de transporte que tenía asignada y contratar a otra. Desde 2004, cuando el Gobierno creó una mesa con todos los implicados para garantizar la libre competencia, las tensiones se han atenuado gracias a un pacto de no agresión entre las partes implicadas.

Sintrabi asegura que las restricciones a la libre contratación y fijación de tarifas en el Puerto es una práctica que se da en otros sectores económicos. "Aquí ninguno de nosotros se hace rico y no hay ninguna mafia", afirman sus responsables.

El sindicato Egas, que agrupa a algo más de 300 de los 1.200 camioneros del Puerto, defiende el numerus clausus, pero cree que sí hay comportamientos mafiosos por parte de Sintrabi. Dice que las agencias comercializadoras, uno de los intermediarios en las cargas, controlan el traspaso de licencias y exigen una comisión a los camioneros "con el visto bueno" de Sintrabi.

El Gobierno, que nombró el pasado año a un observador para mediar y buscar soluciones, se ha mostrado lacónico y lo único que ha asegurado es que el nuevo modelo que se establezca no incluirá indemnizaciones por las licencias. El observador, Rafael Puntonet, sólo ha elaborado un documento, que es una mera declaración de intenciones. En menos de 15 líneas, expresa que las instituciones defienden que haya libre contratación y competencia en el Puerto y que las empresas tengan más dimensión y bajen los precios. Y que todo ello sea compatible con "mantener el medio de vida de los transportistas autónomos que operan, por cuyos intereses el Gobierno prometió velar".

Para la nueva fase de la comisión, abierta el pasado día 11, Puntonet había planteado que se concreten acuerdos sobre la atomización del transporte y se vaya a una concentración empresarial que posibilite una oferta distinta, la libre competencia y el libre acceso. El observador fijó también un calendario: los acuerdos deben tomarse este mismo otoño para que en 2007 se pongan en marcha las medidas y el nuevo sistema comience a funcionar en 2008. El pasado día 11 se celebró la primera reunión, sin ningún avance.

En el fondo de este conflicto está un goloso negocio, lo que explica la resistencia de los camioneros a modificarlo y el interés de las consignatarias en cambiar el modelo. Sólo el movimiento de contenedores supone más de 60 millones de euros cada año.

Etiquetas: actos ilícitos, puertos, sector marítimo

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